o moscón galiza

Esta mañana se registró en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide una renta básica universal para toda la ciudadanía, impulsada por el Movimiento contra el Paro y la Precariedad. Comienza un camino de nueve meses en los que la propuesta deberá reunir medio millón de firmas en todo el Estado, para tener la opción de poder ser debatida en la cámara.

La iniciativa, que consta de un artículo y dos disposiciones adicionales, establece "el derecho de toda persona, por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra sus necesidades básicas" y declara la Renta Básica como "derecho individual, universal e incondicional". La propuesta fija esta cantidad en el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por unidad de consumo, es decir, 645,33 euros mensuales, en los datos correspondientes a 2011. Su implantación se realizaría en dos fases. En una primera fase, afectaría a todas las personas domiciliadas en el Estado español e inscritas en el Servicio Público de Empleo que no tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos, o que estos sean inferiores a esos 645,33 euros al mes. En la segunda fase se ampliaría ese derecho al resto de la población. 

La propuesta ya hizo brotar respuestas y críticas, por ejemplo las procedentes de Gestha, la asociación de técnicos de Hacienda, que estima en uno mínimo de 78.000 millones de euros la puesta en marcha de esta renta básica, más del doble del gasto anual en prestaciones por desempleo, que ronda los 35.000 millones, y que califica la propuesta de "inviable". Sin embargo, otras voces señalan que el fraude fiscal en España representa un mínimo de 90.000 millones de euros anuales y que un mayor control en este sentido sería suficiente para poner este dinero a disposición de esta iniciativa. En este sentido, los impulsores de la propuesta señalaron este miércoles en el Congreso que las fórmulas de financiación de la renta básica que se defenderían en la propuesta definitiva están "en proceso de estudio". "La idea es que se consiga un derecho de las personas que luego deberán gestionar los políticos", añadieron.

Colectivos como la Oficina de Derechos Sociales de Col defienden la Renta Básica "como un instrumento de erradicación de la pobreza, un mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede dar seguridad económica a la población; que permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales". Y destacan que "la Renta Básica puede ser el piar del nuevo sistema de bienestar y un instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de vida que impone el capitalismo global".

De igual manera, otro colectivo que ya manifestó su intención de trabajar para conseguir el éxito de esta ILP, Espacio Ecosocialista, destaca que la Renta Básica "supone una nueva manera de entender el trabajo, haciendo inviable el 'ejercito de reserva de mano de obra' en el que el capitalismo convierte el paro, dignificando el trabajo necesario para reponer la fuerza de trabajo en otro tiempo hecho por las mujeres y hoy también por trabajadoras domesticas, desalienando el concepto propio del mismo y valorizando el trabajo voluntario o creativo no remunerado". Concluyen que esta renta incondicional contribuye a "asegurar la dignidad de las ciudadanas y de los ciudadanos sin condiciones", así como una "herramienta para hacer cumplir otros derechos hoy formales como la vivienda o un salario digno".

Sus defensores también argumentan, basándose en los ejemplos de aquellos lugares en los que está en marcha, como Alaska (desde 1976), que este tipo de prestación no provocó "una falta de iniciativa individual o poca disposición a trabajar, y tampoco un incremento de fracaso escolar o universitario". Entre sus beneficios, además, estaría el "incentivo a la invención técnica y a la inversión en la mecanización o automatización de puestos de trabajo mal remunerados", incrementando la productividad, "pues la persona que trabaja en algo que le gusta es más productiva".

Más pobreza, más exclusión 

En Galicia hay más de 270 mil personas inscritas como demandantes de empleo, y de ellos más de 78 mil llevan más de dos años sin empleo. Más de 120 mil no cobran ni la prestación por desempleo ni la RISGA, ni ninguno otro subsidio. Una realidad que tiene consecuencias. La Encuesta de condiciones de vida de las familias, publicada por el IGE hace unas semanas señalaba que a lo largo de 2012 siguió incrementándose en Galicia la tasa de riesgo de pobreza, que pasa del 15,73% al 16,45% y que acumula cuatro años consecutivos de ascensos, desde el 13,88% que registró en 2008. En estos datos, lo que más llamaba la atención era el incremento de la incidencia entre los menores de 16 años (pasaba del 23,96 al 27,35), en los que tienen entre 16 y 24 años (pasaba del 29,76 al 31,69) y en los que se sitúan entre los 25 y los 49 (del 21,45 al 24,14). El IGE, en su Encuesta Coyuntural a los Hogares del cuarto trimestre de 2013, señalaba igualmente que el 44,6% de los hogares gallegos reconocen llegar con "dificultad" a finales de mes, mientras que el 15% asegura hacerlo con "mucha dificultad".

La Iniciativa de Ciudadanía Europea

Precisamente esta semana remató el plazo para que la Iniciativa de Ciudadanía Europea para proponer el impulso de la Renta Básica Incondicional consiguiera el millón de firmas que necesitaba para seguir adelante. La propuesta buscaba pedirle a la Comisión Europea que "incentive la cooperación entre los estados miembros con el objetivo de explorar la Renta Básica Incondicional (RBI) como herramienta para mejorar sus respectivos sistemas de seguridad social". A corto plazo, "la UE debería impulsar iniciativas tales como estudios piloto y el examen de diferentes modelos de RBI". A largo plazo, el objetivo es "ofrecerle la cada persona en la UE el derecho incondicional como individuo de tener sus necesidades materiales cubiertas para asegurar una vida digna tal y como se define en los tratados de la unión".

Finalmente la iniciativa no llegó al millón de firmas que eran necesarias y sólo en Croacia, Eslovenia, Bulgaria, Bélgica, Estonia y Holanda consiguió el número de apoyos necesarios. En España recogió algo más de 25 mil firmas, y en el conjunto de la UE se superaron las 274 mil. Sin embargo, sus impulsores destacan que "la campaña ha servido para seguir visibilizando la propuesta, crear grupos de apoyo, ampliar los colectivos y fuerzas políticas y sociales implicadas y abrir el debate ciudadano". También destacan el impulso que la iniciativa recibió en sus últimas semanas de actividad, recogiendo case tantos apoyos en el último mes como en los once anteriores.

 Iniciativas avanzadas en Catalunya y Extremadura

Propuestas semejantes están más avanzadas en Catalunya y Extremadura. En Extremadura, de hecho, ya el pasado mes de mayo el Parlamento regional aprobó la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción. No es exactamente una renta básica incondicional, sino más bien una renta de integración, destinada a consolidar el apoyo a las personas con menos recursos y en situación o riesgo de pobreza y exclusión. Su aprobación, a pesar de las limitaciones que presentaba (escasa dotación, limitación en el número de beneficiarios...), fue saludada como un primero paso positivo por parte de los colectivos que promueven las rentas básicas incondicionales. Sin embargo, desde entonces, la lentitud en su puesta en marcha, o las dificultades de los procedimientos para solicitarla, despertaron muchas críticas.

De igual manera, el Parlamento de Catalunya acordó el pasado mes de marzo admitir a trámite una ILP que propone una renta de ciudadanía para todas las personas en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, impulsada por entidades sociales, partidos y sindicatos, se encuentra actualmente en fase de recogida de firmas, 50 mil, que ya fueron ampliamente superadas. La propuesta se basa en el artículo 24.3 del Estatut, aun sin desarrollar, que contempla que "las personas o las familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna". Y fija esta renta en los 664 euros mensuales. CiU se había opuesto inicialmente a aceptar la tramitación de lana ILP por el impacto económico que supondría en los presupuestos, pero finalmente tuvo que ceder, puesto que el artículo 102.2 del reglamento del Parlament no le permite denegar la admisión a trámite de una ILP si sus efectos económicos afectan a otro ejercicio presupuestario y no al vigente, como es el caso.